En el año 2006 se sanciona la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral que ubica a la ESI como un eje transversal del sistema educativo, inscripta en el marco de una serie de avances en política pública y educativa1, de ampliación de derechos en general y en particular de las identidades LGTBQ + que posteriormente se plasmaron en leyes como la de Matrimonio igualitario y la de Identidad de género.
Esta Ley significó un hecho político, cultural de gran envergadura incorporando la sexualidad desde una perspectiva enmarcada en los Derechos Humanos, los derechos de lxs niñxs, jóvenes y adolescentes, enfatizando la importancia que éstos tienen en la constitución de las personas como sujetos de derecho.
La sanción de la misma no constituye un hecho aislado, los movimientos de Derechos Humanos, el Movimiento de Mujeres y las Organizaciones Sindicales desplegaron enérgicas luchas por conquistar legislaciones adecuadas logrando así importantes avances en marcos jurídicos que implican una concepción social de los DDHH superando la idea del derecho individual.
A nivel nacional existen otras normas significativas anteriores y posteriores a la sanción de la ley de ESI, que forman parte y complementan la enseñanza de la sexualidad en clave de Derechos Humanos que promueven el respeto, el acceso a la salud, la igualdad y la garantía del ejercicio pleno del derecho. A saber: las leyes de Protección Integral a la Infancia, Antidiscriminatoria, de SIDA, de Salud Sexual y Reproductiva, de Educación Nacional, de las alumnas embarazadas y madres en el sistema educativo, de Parto respetado, contra la Violencia hacia las Mujeres, de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género, y Educar en Igualdad: Prevención y erradicación de la Violencia de Género, entre otras.
Contar con un cuerpo normativo que garantice la posibilidad de vivir una sexualidad plena libre de violencias, con fundamento en los Derechos Humanos, es una condición necesaria para que la misma sea una realidad. Sin embargo, que sea necesaria no significa que sea suficiente.
En efecto, para que los derechos relacionados con las sexualidades se efectivicen en tanto niñxs y adolescentes sean protagonistas en el ejercicio de sus derechos, es necesario también desarrollar en cada escuela una tarea pedagógica, desde un enfoque que los haga conocer, y que oficie de puente entre las necesidades concretas de lxs estudiantes y sus familias, y las políticas públicas creadas para motorizarlos.
En esta clase les proponemos abordar la relación entre la Educación Sexual Integral y la perspectiva basada en los derechos, a partir del conocimiento de las normativas legales propuestas, pensadas como herramientas de ampliación de derechos de alumnxs y de docentes.